La SAE plantea cinco compromisos para una administración más eficiente de los bienes recuperados
- En el marco del II Congreso Internacional de Extinción de Dominio, la presidenta de la
entidad, Diana Bravo Vélez, definió la hoja de ruta para la administración de los bienes. - La SAE debe recuperar el control de los bienes, preservar su valor, fortalecer los controles
y garantizar decisiones trazables y verificables. - Los bienes recuperados deben convertirse, cuando la ley lo permita, en instrumentos
útiles para las comunidades, el desarrollo local y las prioridades públicas. - Enfrentar las economías ilícitas exige fortalecer el intercambio de información, la
inteligencia patrimonial, la tecnología y la articulación entre las instituciones. - La SAE se compromete con la firmeza, la transparencia, la eficiencia, la austeridad y el
respeto por el debido proceso y los derechos de las personas.
Bogotá, 24 de septiembre de 2026.La presidenta de la Sociedad de Activos Especiales, Diana Patricia Bravo Vélez, participó en el II Congreso Internacional de Extinción de Dominio, llevado a cabo en la Universidad del Rosario, donde planteó los principales retos de la administración de bienes sometidos a esta acción y presentó cinco compromisos para fortalecer la gestión de la entidad.
Ante Ponentes: defensores, jueces, exfiscales, representantes de los órganos de control, académicos, servidores públicos y expertos nacionales e internacionales, la presidenta de la SAE explicó que la extinción de dominio requiere mantener un equilibrio entre la firmeza del Estado frente a las economías ilegales y el respeto por el debido proceso, los derechos de terceros de buena fe y el control judicial.
Precisó el papel que corresponde a cada institución dentro de esta arquitectura estatal y señaló que la SAE no sustituye las competencias de jueces ni de la Fiscalía General de la Nación. Su responsabilidad consiste en administrar los bienes puestos bajo su competencia, preservar su valor, evitar su deterioro, impedir que regresen a circuitos ilegales y facilitar que cumplan el destino definido por el ordenamiento jurídico y las autoridades competentes.
“La SAE no sustituye al juez ni a la Fiscalía. Hace posible que la decisión del Estado no se agote en una providencia, sino que produzca efectos reales sobre el patrimonio y sobre la sociedad”, afirmó Bravo Vélez.
Durante su intervención, la funcionaria también se refirió a los desafíos que enfrenta la entidad para convertir los activos recuperados en bienes útiles para la sociedad. Señaló la necesidad de reducir los tiempos entre la incautación y el aprovechamiento productivo, superar los cuellos de botella que pueden generar deterioro de los bienes y fortalecer la gestión y monetización de activos, siempre bajo criterios de legalidad y trazabilidad.
Frente a las situaciones de emergencia que atraviesa el país, destacó que los activos administrados por la SAE pueden contribuir, cuando exista habilitación legal y coordinación interinstitucional, a atender necesidades de las comunidades y apoyar la recuperación de los territorios afectados. Sin embargo, enfatizó que la rapidez en la respuesta debe estar acompañada de legalidad, control y seguridad jurídica.
Los cinco compromisos de la SAE
Como parte de su intervención, la presidenta de la SAE, Diana Patricia Bravo Vélez, presentó cinco compromisos orientados a fortalecer la administración de los activos, garantizar su manejo transparente y eficiente, y asegurar que los bienes recuperados cumplan el propósito establecido por la ley:
Firmeza: impedir que los bienes administrados por la SAE regresen a los circuitos de la ilegalidad y garantizar que permanezcan bajo control efectivo del Estado.
Transparencia: asegurar que la administración de cada activo esté respaldada por decisiones motivadas, procesos abiertos, controles efectivos y rendición de cuentas.
Eficiencia: reducir los tiempos de administración y superar los cuellos de botella para que los bienes cumplan oportunamente el destino establecido por la ley.
Austeridad: administrar con rigor los recursos públicos, preservar el valor de los activos y evitar pérdidas derivadas del deterioro o de una gestión ineficiente.
Garantías: respetar de manera irrestricta el debido proceso, el control judicial y los derechos de todas las personas involucradas en los procesos de extinción de dominio.
La presidenta de la SAE también destacó que los nuevos desafíos —como los activos virtuales, las estructuras societarias complejas y los mecanismos transnacionales para ocultar o transferir valor— requieren equipos especializados, actualización permanente del conocimiento jurídico y técnico, y herramientas tecnológicas acordes con la evolución de las economías ilícitas.
Al cerrar su intervención, Bravo Vélez resaltó que la extinción de dominio y la administración de los bienes recuperados trascienden el ámbito estrictamente jurídico y tienen una finalidad pública concreta: que los activos que alguna vez estuvieron vinculados a economías ilegales puedan convertirse, dentro del marco de la ley, en resultados verificables para la sociedad.
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