A 30 años de la Ley de Extinción de Dominio, la SAE se moderniza frente a ciberdelitos, criptomonedas y activos digitales
- La presidenta de la SAE, Diana Bravo Vélez, participó en el foro organizado por el
Ministerio de Justicia y del Derecho y el Colegio Colombiano de Abogados y
Profesionales Expertos en Extinción de Dominio. - Los ciberdelitos, las criptomonedas y los activos digitales plantean nuevos desafíos para
la investigación patrimonial y la gestión de los activos. - La inteligencia artificial y el análisis de datos ofrecen oportunidades para anticipar
riesgos, fortalecer los controles y mejorar la toma de decisiones institucionales.
Bogotá, 9 de noviembre de 2026. La presidenta de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Diana
Bravo Vélez, participó en el foro ‘30 años de la Ley de Extinción de Dominio en Colombia:
Memoria, Balance y Futuro’, organizado por el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Colegio
Colombiano de Abogados y Profesionales Expertos en Extinción de Dominio, un espacio de
reflexión sobre los avances y desafíos de esta herramienta jurídica.
Durante su intervención, la presidenta de la SAE destacó que: “Debemos avanzar hacia una SAE
moderna, capaz de responder a los nuevos desafíos de la criminalidad y la administración de
activos, incluidos los ciberdelitos, las criptomonedas y los activos digitales, que exigen nuevas
capacidades para la investigación patrimonial y la gestión de los bienes. Esta modernización debe
ir acompañada de controles, transparencia y estricto cumplimiento del marco legal.
Señaló que, pese a recibir una entidad sin un empalme real y con una imagen limitada a la custodia
de bienes, se trabaja en la transformación de la SAE hacia una institución mucho más productiva
y con sentido social, siempre dentro de sus competencias legales.
Asimismo, resaltó la articulación institucional que ha permitido identificar y capturar a personas
que cobraban ilegalmente por realizar trámites. Finalmente, reafirmó que la prioridad de su
administración es garantizar la seguridad jurídica, recuperar la confianza ciudadana y convertir
los activos administrados en oportunidades de desarrollo social, actuando siempre bajo el imperio
de la ley”.
El foro contó con la participación del ministro de Justicia y del Derecho, Iván Cancino González,
quien destacó:
“Conozco a la presidenta de la SAE, Diana Bravo Vélez, quien tiene fortalezas muy importantes:
conocimiento e idoneidad, capacidad organizativa, valentía y rectitud. Por eso podemos decir que
la SAE de este Gobierno está en buenas manos.
La Ley de Sometimiento, actualmente en trámite, contempla cero retornos de activos para quienes
hayan cometido ilícitos. Los criminales deberán entregar una lista verificable que incluya la
totalidad de sus activos; de lo contrario, quedarán por fuera de la ley y perderán cualquier
posibilidad de acceder a sus beneficios”.
La extinción de dominio tiene su fundamento en el artículo 34 de la Constitución Política de 1991
y su primer desarrollo legislativo integral en la Ley 333 de 1996. En este sistema, la SAE cumple
una función estratégica como administradora del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y
Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO). Su labor comprende recibir y administrar los bienes,
proteger su valor, promover su aprovechamiento económico y ejecutar las decisiones
correspondientes, de acuerdo con las competencias de las autoridades judiciales y
administrativas.
A tres décadas de la expedición de la Ley 333 de 1996, la evolución de la criminalidad plantea
nuevos desafíos. Los ciberdelitos, las criptomonedas, los activos digitales, las nuevas modalidades
de lavado de activos y el uso de estructuras financieras transnacionales exigen fortalecer las
capacidades de investigación patrimonial, la cooperación institucional y la gestión de bienes.
Frente a este panorama, herramientas como la inteligencia artificial, el análisis de grandes
volúmenes de información y la prospectiva estratégica representan oportunidades para anticipar
riesgos, identificar nuevas formas de ocultamiento patrimonial y mejorar la toma de decisiones,
siempre bajo criterios de legalidad, transparencia y gestión efectiva.
El desafío para los próximos años será fortalecer la articulación entre las autoridades
investigativas, judiciales y administrativas, de manera que la recuperación de activos se traduzca
en una gestión responsable, capaz de proteger el patrimonio público y contribuir a los fines
sociales previstos en la ley.
La SAE reafirma así su compromiso con la transformación de los bienes bajo su administración en
valor para Colombia, mediante una gestión transparente, eficiente y orientada al interés público,
como aporte a la construcción de la ‘Patria Milagro’.
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